No es de extrañar en
las actuales circunstancias que el acto electoral comience a rondar el
escenario político, y que aparezca la presunción de una nueva ley de
cooperativas que substituya la actual ley 20.337, sancionada por el gobierno de
facto de la revolución libertadora el 2 de mayo de 1973 y publicada en el Boletín oficial el día
15 del mismo mes, es decir que ya ha
cumplido hoy 42 años de vigencia.
En el transcurso de
42 años más de una vez se ha esgrimido el artificio de una nueva ley pero nunca llego a concretarse; ahora aparece súbitamente en una etapa
impensada que de llevarse a cabo, no va a llegar en un momento apropiado porque
se esta transitando una etapa de transición política donde un gobierno se va y
no se sabe quien lo va a reemplazar.
Una nueva ley de
cooperativas necesita el aporte de un movimiento cooperativo integrado en su
conjunto que pueda expresarse plenamente, lo mismo que el parlamento, porque
una nueva ley de cooperativas debe ser discutida y sancionada por el conjunto
de los legisladores de ambas cámaras porque la ley debe ser consensuada con la
dirección de los dirigentes cooperativos de todo el estamento cooperativo,
La ley 20.337, si
bien la sancionó un gobierno de facto, la misma fue elaborada por dirigentes
cooperativos que no negociaron con ese
gobierno, sino que fueron fieles a sus principios que la defendieron y así
fue sancionada y promulgada.
Los 42 años que
pasaron desde su promulgación son una
muestra de que las cosas bien hechas duran en el imaginario colectivo, y por lo
tanto son un ejemplo claro de que la próxima ley si es que se logra elaborar,
no puede ser un trabajo solo político, sino que tiene que reunir la opinión del
movimiento cooperativo, (si es que le interesa a los dirigentes), es decir
expresión fiel de la economía solidaria encolumnada en lo social en su conjunto,
e independiente de la política partidista.
Su esencia tiene que
expresar lo importante de un movimiento preocupado por un modelo de país
más solidario que anhelan la mayoría de los argentinos, donde la distribución
de la riqueza sea el centro de la próxima tarea a desarrollar por todos, sin
exclusión de ningún ciudadano que se precie de ser solidario.
Pero solo la ley no
basta para resolver los problemas del movimiento cooperativo teniendo en cuenta,
que fueron los mismos organismos de control del estado quienes subvirtieron la
ley manejándola a veces por diestra y siniestra con dedo a través de encolumnar
ambiciones partidistas escondidas debajo de la imagen del asistencialismo.
El cooperativismo
tiene principios claros cuando aborda su función colectiva para desarrollar su
actividad, con todos aquellos individuos que se incorporan a la tarea solidaria
de construir salidas para mejorar la situación económica y social de una parte de la sociedad; junto a otros concurrentes que
en abierta confrontación a la economía de mercado, buscan salidas alternativas
y mas humanistas para resolver sus problemas.
Del Ministerio de
Desarrollo Social, el INAES, (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social) depende el organismo máximo de control del movimiento cooperativo a
nivel nacional, a quien para resolver problemas indudables de carencia de la
sociedad asumió tareas posiblemente derivadas por el mismo Ministerio de Desarrollo Social, que no estarían
mal porque no estamos haciendo juicio de valor sobre el tema, pero que eso no
se condice con la versión pura del cooperativismo.
Tal es así que en
esta tarea, posiblemente para colaborar y resolver problemas se utilizan metodologías
de asistencialismo, que nada tienen que ver con el cooperativismo y por eso
decimos que los dirigentes todos, asumiendo la calidad de verdaderos dirigentes,
participen con su opinión escrita de que ley pretenden para regir los destinos
de un movimiento que nació y se desarrollo con intensidad fuera de la cuna del
asistencialismo.
Segundo Camuratti
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