En el transcurso de las distintas etapas que le tocó asumir en el país al cooperativismo durante el siglo pasado, debió soportar el acoso y la denuncia de que las cooperativas hacían política de parte de los sectores del privilegio, que nunca pudieron asumirlo a pesar de sus virtudes.
Fue precisamente el cooperativismo de créditos quien en mayor medida irritó los ánimos de esos actores, porque supo encausar sus necesidades en las reivindicaciones y la defensa de un sector social que habría perspectivas concretas, sobre la capacidad que el hombre común tiene para acompañar y dirigir los procesos populares.
No cabía ninguna duda que este desafío hería los intereses de los grupos económicos é ideológicos, que habían hecho del manejo del dinero y su incidencia en la economía un instrumento propio y exclusivo para regular a su antojo el bienestar de grupos sociales que ahora entraban a disputar sus intereses.
El arma que pretendieron utilizar fue la misma que siempre les servía para combatir a aquellos que cuestionaron su primacía: el ataque artero, no sobre el centro de la cuestión, sino recurriendo al atajo que creían sería el mas vulnerable, el factor político, logrando instalar incluso dentro del mismo estamento cooperativo, resabios de sentimientos adversos a admitir que las cooperativas al funcionar generaban políticas.
Lo que sucedía no era casual, de la misma manera que no lo fueron las dos dictaduras que subvirtieron el orden institucional del país durante muchos años, porque si hilamos fino nos vamos a encontrar que representaban a los mismos intereses.
Pero allí fallaron, toda actividad económica, social y porqué no cultural tiene un costado político, quien lo niegue miente tratando de confundir la opinión pública precisamente con argumentos que también de por si poseen una alta dosis de política en defensa de intereses particulares.
El tiempo como testigo se encargó de demostrar con claridad el fin perseguido por quienes atacaron en distintas etapas al cooperativismo de créditos: en algo tenían razón cuando lo decían, el problema sí era político, el quid de la cuestión pasaba por tratar de impedir que sectores populares organizados en cooperativas fuesen los encargados de orientar el destino y una buena parte de los fondos generados por el ahorro nacional administrándolo en función del crédito, y cual debería ser el sector social que habría de recibir ese aporte.
En 1995 la Alianza Cooperativa Internacional modifica el 5º articulo de los principios cooperativos y plantea en el artículo 4º la “Independencia política”, que a pesar del tiempo transcurrido no vulnera el criterio anterior sobre lo que en su momento fuera “Neutralidad política y religiosa”; la Alianza no dice no a la palabra “política” porque interpreta el significado justo de lo que quiere decir la misma, asumiendo la palabra en su forma global y no en su esencia local que podría devenir como partidismo, confundiendo a la opinión pública.
El tiempo no pasa en vano y en su transcurso, muchos acontecimientos han sucedido y se modificaron distintas conductas en el desempeño y el crecimiento del movimiento cooperativo para mejor en nuestro país, pero de la misma manera debemos lamentar que el agiornamento que se dio en muchos niveles, no haya alcanzado para trasladar el interés por el tema político y transferirlo como debería haberse hecho al sujeto, dirigente e integrante de la sociedad, por eso decimos que el motivo sigue vigente.
Justo es de entender, que la prédica constante de la condena hacia lo político en las entidades cooperativas por aquellos que quisieron encasillar a las cooperativas como entes amorfos e insulsos ausentes del sentir y las necesidades de la gente, (pretendiendo despojarla de su capacidad de acción y reflexión), dejara sus huellas en la buena fe del imaginario colectivo de los cooperadores; de allí que nos encontremos que en los órganos de gobierno formadores de leyes, los dirigentes cooperativos prácticamente sean muy pocos y por lo tanto brillan por su ausencia, y eso incide cuando se tratan en el parlamento leyes necesarias para el movimiento o aquellas que afectan al sector cooperativo, costando mucho tiempo y esfuerzo el aprobarlas o removerlas.
Es por eso que hoy aún nos preguntamos hasta donde deben mantenerse alejados en la actualidad del quehacer político propiamente dicho los dirigentes cooperativistas.
Si tenemos en cuenta que en sociedades como la nuestra, en que la política en función de gobierno constituye el elemento de dirección de la actividad nacional, cuando en la acción política se resuelven las prioridades nacionales tales como las orientaciones del desarrollo y las formas y montos de la distribución de la riqueza nacional a través de los presupuestos, se defiende o se entrega la soberanía y en definitiva se generan las leyes que en última instancia constituyen las reglas para el juego social, es simplemente absurdo que los dirigentes cooperativistas como sujetos sociales, se marginen de la participación política, demostrando una aparente indiferencia que lo único que consigue es que sectores que no ven con buenos ojos al cooperativismo, o aquellos definidos como anticooperativos abarquen más terreno y ganen mejores posiciones.
Entendemos que para bien del movimiento cooperativo y, en esta instancia, sería lógico y necesario en las actuales circunstancias, que esos dirigentes con libertad de conciencia, se enrolen en partidos cuyos programas sean afines a los postulados cooperativos y militen en ellos, y si logran ser propuestos como candidatos y son electos, actúen sin temor levantando bien alta la bandera del hecho político institucional y el significado que este tiene dentro del esquema solidario del acto cooperativo.
Sería anacrónico el pensar con mentalidad colonial en pleno siglo XXl, que ese dirigente cooperativo, hoy integrante del Consejo de Administración de una cooperativa, deba perder el legítimo derecho que como ciudadano le corresponde, de actuar con su presencia y sus ideas políticas.
Segundo Camuratti
Fue precisamente el cooperativismo de créditos quien en mayor medida irritó los ánimos de esos actores, porque supo encausar sus necesidades en las reivindicaciones y la defensa de un sector social que habría perspectivas concretas, sobre la capacidad que el hombre común tiene para acompañar y dirigir los procesos populares.
No cabía ninguna duda que este desafío hería los intereses de los grupos económicos é ideológicos, que habían hecho del manejo del dinero y su incidencia en la economía un instrumento propio y exclusivo para regular a su antojo el bienestar de grupos sociales que ahora entraban a disputar sus intereses.
El arma que pretendieron utilizar fue la misma que siempre les servía para combatir a aquellos que cuestionaron su primacía: el ataque artero, no sobre el centro de la cuestión, sino recurriendo al atajo que creían sería el mas vulnerable, el factor político, logrando instalar incluso dentro del mismo estamento cooperativo, resabios de sentimientos adversos a admitir que las cooperativas al funcionar generaban políticas.
Lo que sucedía no era casual, de la misma manera que no lo fueron las dos dictaduras que subvirtieron el orden institucional del país durante muchos años, porque si hilamos fino nos vamos a encontrar que representaban a los mismos intereses.
Pero allí fallaron, toda actividad económica, social y porqué no cultural tiene un costado político, quien lo niegue miente tratando de confundir la opinión pública precisamente con argumentos que también de por si poseen una alta dosis de política en defensa de intereses particulares.
El tiempo como testigo se encargó de demostrar con claridad el fin perseguido por quienes atacaron en distintas etapas al cooperativismo de créditos: en algo tenían razón cuando lo decían, el problema sí era político, el quid de la cuestión pasaba por tratar de impedir que sectores populares organizados en cooperativas fuesen los encargados de orientar el destino y una buena parte de los fondos generados por el ahorro nacional administrándolo en función del crédito, y cual debería ser el sector social que habría de recibir ese aporte.
En 1995 la Alianza Cooperativa Internacional modifica el 5º articulo de los principios cooperativos y plantea en el artículo 4º la “Independencia política”, que a pesar del tiempo transcurrido no vulnera el criterio anterior sobre lo que en su momento fuera “Neutralidad política y religiosa”; la Alianza no dice no a la palabra “política” porque interpreta el significado justo de lo que quiere decir la misma, asumiendo la palabra en su forma global y no en su esencia local que podría devenir como partidismo, confundiendo a la opinión pública.
El tiempo no pasa en vano y en su transcurso, muchos acontecimientos han sucedido y se modificaron distintas conductas en el desempeño y el crecimiento del movimiento cooperativo para mejor en nuestro país, pero de la misma manera debemos lamentar que el agiornamento que se dio en muchos niveles, no haya alcanzado para trasladar el interés por el tema político y transferirlo como debería haberse hecho al sujeto, dirigente e integrante de la sociedad, por eso decimos que el motivo sigue vigente.
Justo es de entender, que la prédica constante de la condena hacia lo político en las entidades cooperativas por aquellos que quisieron encasillar a las cooperativas como entes amorfos e insulsos ausentes del sentir y las necesidades de la gente, (pretendiendo despojarla de su capacidad de acción y reflexión), dejara sus huellas en la buena fe del imaginario colectivo de los cooperadores; de allí que nos encontremos que en los órganos de gobierno formadores de leyes, los dirigentes cooperativos prácticamente sean muy pocos y por lo tanto brillan por su ausencia, y eso incide cuando se tratan en el parlamento leyes necesarias para el movimiento o aquellas que afectan al sector cooperativo, costando mucho tiempo y esfuerzo el aprobarlas o removerlas.
Es por eso que hoy aún nos preguntamos hasta donde deben mantenerse alejados en la actualidad del quehacer político propiamente dicho los dirigentes cooperativistas.
Si tenemos en cuenta que en sociedades como la nuestra, en que la política en función de gobierno constituye el elemento de dirección de la actividad nacional, cuando en la acción política se resuelven las prioridades nacionales tales como las orientaciones del desarrollo y las formas y montos de la distribución de la riqueza nacional a través de los presupuestos, se defiende o se entrega la soberanía y en definitiva se generan las leyes que en última instancia constituyen las reglas para el juego social, es simplemente absurdo que los dirigentes cooperativistas como sujetos sociales, se marginen de la participación política, demostrando una aparente indiferencia que lo único que consigue es que sectores que no ven con buenos ojos al cooperativismo, o aquellos definidos como anticooperativos abarquen más terreno y ganen mejores posiciones.
Entendemos que para bien del movimiento cooperativo y, en esta instancia, sería lógico y necesario en las actuales circunstancias, que esos dirigentes con libertad de conciencia, se enrolen en partidos cuyos programas sean afines a los postulados cooperativos y militen en ellos, y si logran ser propuestos como candidatos y son electos, actúen sin temor levantando bien alta la bandera del hecho político institucional y el significado que este tiene dentro del esquema solidario del acto cooperativo.
Sería anacrónico el pensar con mentalidad colonial en pleno siglo XXl, que ese dirigente cooperativo, hoy integrante del Consejo de Administración de una cooperativa, deba perder el legítimo derecho que como ciudadano le corresponde, de actuar con su presencia y sus ideas políticas.
Segundo Camuratti
