Incursionando en la historia sobre los acontecimientos pasados, encontramos que la economía social aparece en escritos como proyecto de la sociedad, en tiempos contemporáneos a la instalación orgánica de la cooperación por los Pioneros de Rochdale, prácticamente en la misma década del siglo XIX, y se ha ido instalando despaciosamente no adquiriendo nunca la proyección que logró el movimiento cooperativo en su desarrollo.
La complejidad de su amplio contorno hace difícil, pero no imposible, determinar donde comienza y termina la economía social. Cuando el transcurso del tiempo da por tierra con la vigencia de la conjunción economía-política, al abrirse este enlace, consigue que lo político solo no logre mensurar la magnitud que la economía tiene en lo social, tanto en la cantidad de personas que la integran como en el producto bruto que generan y que aportan a la sociedad estos sectores.
El hecho de que si bien es reconocida como sector económico y social esta concebida en una diversidad de estructuras que le han impedido asumir una identidad especifica, tal es así, que en la mayoría de los casos se entiende como condición propia de la relevante figura jurídica del cooperativismo, cosa que no es así.
Por lo tanto es dable discernir que posiblemente la falta del soporte legal que encuadre esa diversidad particular sea uno de los factores que han impedido hasta el momento que sea tenida en cuenta como corresponde.
A pesar de ello podría decirse que igual lograron expandirse en un universo que trasciende las fronteras de infinidad de países adoptando múltiples facetas que en algún momento deberían ser determinadas para que adquieran identidad propia.
Sería bueno que por lo menos en nuestro país, quienes están asumiendo la responsabilidad de legislar lo tengan en cuenta, analizando el tema con elementos que numéricamente comprendan tanto lo económico como su incidencia en lo social, dandole el marco legal que corresponda.
Si lo hacen van a comprobar que hay demasiados elementos no tenidos en cuenta que pueden ser factores importantes para lograr una distinta distribución de la riqueza y una baja considerable del índice de pobreza.
Por ser determinantes en el eslabón de la cadena que coadyuva en la tarea de inclusión de sectores marginados del sistema deberían tener el reconocimiento por la función que cumplen en la economía respondiendo también a resolver problemas sociales y cumplir un rol fundamental en el diseño de un nuevo modelo de país, si se las sabe interpretar como motores de un sector social incluyente dentro de la sociedad, en la intención de contribuir al cambio social.
Entendemos que a llegado la hora de pensar subjetivamente que si la urgencia de lo global es importante, mas vital es lo local cuando los afectados son los sectores menos favorecidos dentro de la sociedad.
El amplio espacio que surgiendo desde la marginalidad atraviesa además el ámbito solidario de la cooperación hace imprescindible que se contemple la conexión con el circuito público vinculado al sector de los servicios para que la ecuación cierre.
Esto permitirá establecer un sector de “Economía Social”, definido claramente como las “Empresas públicas y las solidarias”, en la creencia de que pueden cumplir un cometido significativo en los sectores estratégicos, constituyendo una economía que se desarrolle como ariete para demoler la muralla que lleve a una mejor distribución de la riqueza, llevando al individuo a cumplir con la función que dignifica al ser humano: el trabajo, abandonando el asistencialismo.
Cuando la inteligencia y la conciencia colectiva de la política legislativa deje de lado la parodia del no-quórum como acto público, y se dedique a trabajar conjuntamente a través del consenso por el bien del país respetando las diversidades, tendremos una ley para este sector y otras leyes necesarias que el tiempo actual exija.
Segundo Camuratti