Cuando se analizan determinados comentarios en la
búsqueda de argumentos que permitan discernir la intencionalidad que estos
conllevan, circunstanciales o no, hay que separar los temas y hacerlos
detenidamente a través de todos los elementos que estos contienen, sin eludir
ninguno, para no ser parciales en la apreciación y correr el riesgo de negar la
dimensión subjetiva que implica lo real.
Cuando hablamos de la realidad no podemos obviarla,
por mas que queramos, porque sino equivocaríamos las conclusiones a las que
pretendemos llegar para encarrilar nuestro pensamiento.
Conocemos la diversidad del marco ideológico que hoy
existe en nuestro país y además, tenemos claro los avances y retrocesos que se
produjeron desde el 2001 a
la fecha, donde la pulseada para modificar la matriz del sistema vigente sigue
aun viva, y si los acontecimientos no empujan las decisiones adecuadas para
cambiar el rumbo lo será por mucho tiempo más; dentro de este contexto no
podemos pensar que el sistema baje la guardia fácilmente y calme los ataques a
los sectores que le son adversos.
En este entorno si se quiere negativo el
cooperativismo no tiene las condiciones adecuadas para funcionar y
desarrollarse como entidades de economía social en sus diversos niveles
específicos, comenzando con la cooperativa de base institucionalizada, e
incorporada luego en entidades de segundo y tercer grado en escala ascendente.
Pero este esquema existencial muestra en su
agrupamiento legal la distorsión que existe en el sector cooperativo
denunciando en su encuadre a supuestas entidades matriculadas que nada tienen
que ver con la esencia cooperativa bien entendida, cosa planteada en varias oportunidades
desde adentro o desde afuera que hasta ahora nadie se atreve a desmentir.
Si el movimiento cooperativo no asume un estado
superior al conocido hasta el presente en la construcción de un nuevo esquema
funcional, que es pasar de lo local a lo global, veremos aparecer los siempre eternos
fantasmas que despotrican con medias verdades al sistema cooperativo y que se
lanzan a rodar dañando las virtudes de
la identidad cooperativa ajustada a derecho. No actuar en consecuencia teniendo
en cuenta esto sería como darle más pasto a las fieras.
Será inútil que confesos y legítimos cooperadores
bien intencionados, y entidades de renombre salgan a mostrar las aptitudes de
las cooperativas asociadas con proclamas defensivas sobre los honestos
intereses de honestas cooperativas; el imaginario colectivo no conoce donde
radica el bien o el mal, solo piensa en el cooperativismo en general sin hacer
distingos, por lo tanto todos entran dentro de la misma bolsa y allí comienza a
tomar cuerpo aquello de que “por algo será lo que se dice sobre las
cooperativas”, hecho que una vez instalado es muy difícil desmontar.
La credibilidad pública es el aval más importante
que puede y debe exhibir la identidad cooperativa para argumentar y mostrar una
gestión cristalina ante la sociedad, es por eso que el cooperativismo requiere
seriedad en todas las etapas de su construcción: desde la organización de la
cooperativa dentro de la ley respectiva, hasta su funcionamiento una vez
instalada operando en la sociedad.
Por lo tanto si los organismos integrantes del
estadio político gobernante, (tanto nacional como provinciales), que tienen a
su cargo el control de las entidades cooperativas inscriptas legalmente no
actúan de acuerdo a la ley en el control del estatus correspondiente a cada una
de esas entidades, serán los responsables directos y tendrán que hacerse cargo
de su equivocada gestión.
La impronta de esos errores en cooperativas de
primer grado deben ser comunicados ante la cooperativa de grado superior si es
que está afiliada a alguna de ellas, (haciéndolo en función de carga pública
para defender el sistema), para conseguir
que se ordene el sistema cooperativo y se investigue la falencia susodicha; a
menos que la influencia de algunos subsidios insinúen o pretendan acallar las
voces de los reclamos.
La responsabilidad de que existan cooperativas transgresoras
de la ley i/o truchas recae en la mala praxis de los gobiernos que
no aplican la ley que las rige como corresponde, por omisión o por obscuros
intereses que manejan el sistema
políticamente para beneficio propio i/o electorales; en estos casos es seguro que si el factor político consigue
atravesar lo orgánico de las entidades abre las puertas a la corrupción.
Por eso decimos que el cooperativismo bien
entendido, especialmente las cooperativas de grado superior, deberían asumir más
la responsabilidad que les cabe generando un nuevo esquema funcional que
trascendiendo lo local pase a actuar en lo global, bregando para consolidar la
buena salud del movimiento.
De no ser así, el movimiento cooperativo en sí mismo
se haría cómplice de los sectores que se dedican a denostar la cooperación para
defender intereses propios.
Segundo Camuratti
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