Cooperativismo y política 2° Parte

El tiempo no pasa en vano y en su transcurso, muchos acontecimientos han sucedido y se modificaron distintas conductas en el desempeño y el crecimiento del movimiento cooperativo para mejor en nuestro país, pero de la misma manera debemos lamentar que el agiornamento que se dio en muchos niveles, no haya alcanzado para trasladar el interés por el tema político y transferirlo como debería haberse hecho al sujeto, dirigente e integrante de la sociedad, por eso decimos que el motivo sigue vigente.

Justo es de entender, que la prédica constante de la condena hacia lo político en las entidades cooperativas por aquellos que quisieron encasillar a las cooperativas como entes amorfos e insulsos ausentes del sentir y las necesidades de la gente, (pretendiendo despojarla de su capacidad de acción y reflexión), dejara sus huellas en la buena fe del imaginario colectivo de los cooperadores; de allí que nos encontremos que en los órganos de gobierno formadores de leyes, los dirigentes cooperativos prácticamente sean muy pocos y por lo tanto brillan por su ausencia, y eso incide cuando se tratan en el parlamento leyes necesarias para el movimiento o aquellas que afectan al sector cooperativo, costando mucho tiempo y esfuerzo el aprobarlas o removerlas.

Es por eso que hoy aún nos preguntamos hasta donde deben mantenerse alejados en la actualidad del quehacer político propiamente dicho los dirigentes cooperativistas.

Si tenemos en cuenta que en sociedades como la nuestra, en que la política en función de gobierno constituye el elemento de dirección de la actividad nacional, cuando en la acción política se resuelven las prioridades nacionales tales como las orientaciones del desarrollo y las formas y montos de la distribución de la riqueza nacional a través de los presupuestos, se defiende o se entrega la soberanía y en definitiva se generan las leyes que en última instancia constituyen las reglas para el juego social, es simplemente absurdo que los dirigentes cooperativistas como sujetos sociales, se marginen de la participación política, demostrando una aparente indiferencia que lo único que consigue es que sectores que no ven con buenos ojos al cooperativismo, o aquellos definidos como anticooperativos abarquen más terreno y ganen mejores posiciones.

Entendemos que para bien del movimiento cooperativo y, en esta instancia, sería lógico y necesario en las actuales circunstancias, que esos dirigentes con libertad de conciencia, se enrolen en partidos cuyos programas sean afines a los postulados cooperativos y militen en ellos, y si logran ser propuestos como candidatos y son electos, actúen sin temor levantando bien alta la bandera del hecho político institucional y el significado que este tiene dentro del esquema solidario del acto cooperativo.
Sería anacrónico el pensar con mentalidad colonial en pleno siglo XXl, que ese dirigente cooperativo, hoy integrante del Consejo de Administración de una cooperativa, deba perder el legítimo derecho que como ciudadano le corresponde, de actuar con su presencia y sus ideas políticas.

Segundo Camuratti               (sigue como Política y cooperativa 3° Parte)