No
es de extrañar en las actuales circunstancias que el acto electoral comience a
rodear el escenario político, y que aparezca la presunción de una nueva ley de
cooperativas que substituya la actual ley 20.337, sancionada por el gobierno de
facto de la revolución libertadora el 2 de mayo de 1973 y publicada en el Boletín oficial el día
15 del mismo mes, es decir que ya ha
cumplido 41 años de vigencia.
En
el transcurso de 41 años más de una vez se ha esgrimido el artificio de una
nueva ley pero nunca llego a concretarse;
ahora aparece súbitamente en una etapa
inesperada que de llevarse a cabo, no va a llegar en un momento apropiado
porque se esta transitando una etapa de transición política donde un gobierno
se va y no se sabe quien lo va a reemplazar.
Una
nueva ley de cooperativas necesita el aporte de un movimiento cooperativo
integrado en su conjunto que pueda expresarse plenamente, lo mismo que el
parlamento, porque una nueva ley de cooperativas debe ser discutida y sancionada
por el conjunto de los legisladores de ambas cámaras porque la ley debe ser
consensuada con la dirección de los dirigentes cooperativos de todo el
estamento cooperativo.
La
ley 20.337, si bien la sancionó un gobierno de facto, la misma fue elaborada
por dirigentes cooperativos que no negociaron con el gobierno, sino que fueron fieles a sus
principios que la defendieron y así fue sancionada y promulgada.
Los
41 años que pasaron desde su promulgación son una muestra de que las cosas bien hechas
duran en el imaginario colectivo, y por lo tanto son un ejemplo claro de que la
próxima ley si es que se logra elaborar, no debe ser un trabajo solo político partidista
sino que tiene que reunir la opinión del movimiento cooperativo, (si es que le
interesa a los dirigentes), es decir expresión fiel de la economía solidaria, de
lo social en su conjunto, e independiente en lo político partidista.
Su
esencia tiene que expresar lo importante de un movimiento preocupado por un
modelo de país más solidario que anhelan la mayoría de
los argentinos, donde la distribución de la riqueza sea el centro de la próxima
tarea a desarrollar por todos, sin exclusión de ningún ciudadano que se precie
de ser argentino.
Pero
solo la ley no basta para resolver los problemas del movimiento cooperativo
teniendo en cuenta, que fueron los organismos de control del estado quienes
subvirtieron la ley manejándola a diestra y siniestra con dedo a través de encolumnar
ambiciones partidistas escondidas debajo de la imagen del asistencialismo.
El
cooperativismo tiene principios claros cuando aborda su función colectiva para
desarrollar su actividad, con todos aquellos individuos que se incorporan a la
tarea solidaria de construir salidas para mejorar la situación económica y
social de una parte de la sociedad; y
otros concurrentes que en abierta confrontación a la economía de mercado,
buscan salidas alternativas y mas humanistas para resolver sus problemas.
Del
Ministerio de Desarrollo Social, el INAES, (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social) depende el organismo máximo de control del movimiento cooperativo a
nivel nacional a quien para resolver problemas indudables de carencia de la
sociedad, asumió tareas posiblemente derivadas por el mismo Ministerio de Desarrollo Social, que no estaría
mal porque no estamos haciendo juicio de valor sobre el tema, pero eso no se
condice con la condición pura del cooperativismo.
Tal
es así que en esta tarea, posiblemente para colaborar y resolver problemas se
utilizan metodologías de asistencialismo, que nada tienen que ver con el
cooperativismo y por eso decimos que los dirigentes todos, asumiendo la calidad
de dirigentes, participen con su opinión escrita de que ley pretenden para
regir los destinos de un movimiento que nació y se desarrollo con intensidad
fuera de la cuna del asistencialismo. (Volveremos sobre este tema).
Segundo Camuratti
No hay comentarios:
Publicar un comentario